Este martes se instaló una audiencia de liquidación de bienes contra el expresidente Antonio Saca y su esposa Ana Ligia de Saca, quienes fueron condenados civilmente por enriquecimiento ilícito, tras detectarse un incremento injustificado en su patrimonio durante el quinquenio 2004-2009.
De acuerdo con la sentencia emitida en su momento, el exmandatario debe reintegrar al Estado salvadoreño un total de $3,892,698.71, mientras que la exprimera dama debe devolver $589,608.42, sumando una deuda que supera los $4.4 millones.
Sin embargo, según informó la Fiscalía General de la República, del monto total el exgobernante únicamente ha abonado $5,845.75, una cifra mínima en comparación con la cantidad establecida por las autoridades judiciales.
Ante este escenario, la representación fiscal señaló la necesidad de avanzar en la liquidación de bienes para determinar con exactitud cuánto es el monto pendiente de pago. “Es pertinente que se haga una liquidación para señalar cuánto es la cantidad correspondiente que se debe al Estado de El Salvador”, indicó la parte fiscal durante la audiencia.
El proceso se desarrolla en la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, instancia que deberá establecer el saldo restante de la deuda y evaluar si los bienes que actualmente se encuentran bajo medidas cautelares son suficientes para cubrir la cuantía adeudada.
Esta fase es clave para definir los mecanismos de recuperación de fondos públicos, en un caso emblemático de corrupción que continúa generando atención en el país.