La Fiscalía General de la República (FGR) continuó este lunes con la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), acusados de participar en una serie de graves delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos al menos 138 homicidios atribuidos a ocho programas de la estructura criminal que operaban en la zona occidental del país.
El proceso se desarrolla en el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, donde el Ministerio Público concluyó la jornada con la exposición de 61 casos relacionados con las operaciones de la pandilla en el occidente de El Salvador.
De acuerdo con el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, las investigaciones determinaron que las víctimas mortales incluían a 54 integrantes de instituciones de seguridad y justicia, entre ellos miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), efectivos de la Fuerza Armada, custodios de Centros Penales y agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), quienes eran considerados objetivos prioritarios por la estructura criminal.
La Fiscalía sostuvo que logró demostrar cómo la denominada ranfla histórica, la ranfla en penales y la ranfla en libertad emitían órdenes directas para ejecutar los asesinatos mediante directrices internas conocidas como “apertura de válvulas” y “pegadas permanentes”, mecanismos utilizados por la pandilla para autorizar y mantener acciones violentas de forma sistemática.
Las autoridades han señalado que este megajuicio forma parte de la ofensiva judicial impulsada durante el Régimen de Excepción, implementado en marzo de 2022 tras un repunte de homicidios atribuido a las pandillas. Desde entonces, el Gobierno salvadoreño ha reportado la captura de decenas de miles de presuntos integrantes de estructuras criminales y la realización de procesos colectivos contra miembros de la MS-13 y del Barrio 18.
En una audiencia separada, la FGR también informó sobre el inicio del proceso contra 25 presuntos integrantes del Barrio 18 que operaban en la colonia Vista al Lago y en el mercado municipal de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán. Entre los procesados figura José Reynaldo Morales, identificado como cabecilla de la estructura, además de ocho homeboys, doce colaboradores y cuatro civiles. El Ministerio Público buscará que todos reciban la condena máxima por el delito de agrupaciones ilícitas.