Las autoridades impulsan una reforma legal que busca aumentar las penas de prisión para miembros de pandillas y endurecer las medidas contra delitos considerados de extrema gravedad en el país.
Actualmente, la ley establece condenas de entre 15 y 20 años de prisión para integrantes de pandillas; sin embargo, con la reforma estas penas aumentarían a un rango de 20 a 30 años. En el caso de los cabecillas o líderes, las sanciones también se incrementarán. De recibir actualmente entre 30 y 40 años de cárcel, pasarían a enfrentar condenas de hasta 60 años de prisión.
Además, los cambios incluyen modificaciones al Código Procesal Penal. Entre ellas, se eliminará el límite máximo de duración de la detención provisional para delitos como homicidio, violación y terrorismo, lo que permitirá que los acusados permanezcan detenidos sin un plazo definido mientras avanzan los procesos judiciales.
También se establece que estos delitos no prescribirán, es decir, podrán ser perseguidos sin importar el tiempo que haya pasado desde que fueron cometidos. Otra de las novedades es la creación de los llamados “Juzgados de lo Criminal”, que tendrán la función exclusiva de juzgar casos relacionados con homicidio, feminicidio y violación, así como supervisar el cumplimiento de las condenas.
Asimismo, se ampliará el listado de delitos en los que no se podrán aplicar medidas alternas a la detención, incluyendo feminicidio y crímenes vinculados a pandillas o grupos terroristas. La reforma también contempla un procedimiento especial para delitos de extrema gravedad, como homicidio, feminicidio y violación, cuyos casos serán atendidos únicamente por estos nuevos tribunales.
En estos casos, las personas condenadas no podrán acceder a beneficios como libertad condicional o anticipada, salvo en situaciones específicas relacionadas con la revisión de la pena, las autoridades señalan que estas medidas buscan fortalecer el sistema de justicia y garantizar sanciones más severas para quienes cometan delitos que afectan gravemente a la población.
El Salvador será el noveno país de Latinoamérica en el que se aplicará la pena de cadena perpetua. Para ello, la Asamblea Legislativa ratificó, con 58 votos, la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución de la República, con la que se habilita la imposición de dicho castigo en los delitos de homicidio, violación y terrorismo.