El médico Salvador Plasencia fue condenado a 30 meses de prisión en un tribunal federal de Los Ángeles tras declararse culpable de proporcionarle ketamina a Matthew Perry semanas antes de la muerte del actor. La audiencia se realizó en el marco de una investigación que derivó en la imputación de cinco personas vinculadas al suministro ilegal de la sustancia.
La sentencia establece que el condenado deberá cumplir dos años y medio de prisión en un establecimiento federal y menciona que, finalizada esa etapa, permanecerá otros dos años bajo libertad supervisada, un régimen que se aplica como transición posterior al cumplimiento de una pena. Además, se le impuso el pago de una multa de 5.600 dólares.
De acuerdo con la información difundida por el portal TMZ, el acuerdo de culpabilidad alcanzado entre el médico y la Fiscalía incluyó la retirada de varios cargos. En concreto, se desestimaron tres acusaciones de distribución de ketamina y dos cargos de falsificación de registros, reduciendo así la exposición penal del imputado.
Con esta decisión judicial, Plasencia se convierte en el primero de los cinco acusados que recibe una condena por suministro de drogas en el caso por la muerte de la estrella de Friends, producida en octubre de 2023 a causa de una sobredosis. Durante el juicio, Plasencia expresó ante el tribunal. “Debí haberlo protegido. Le fallé a él y a su familia. Debo aceptar mi responsabilidad”, afirmó el médico, tras confesar su arrepentimiento por los hechos.
Los padres del actor enviaron una carta al tribunal en la etapa previa a la audiencia en la que señalaban que consideraban a Plasencia como “el más culpable de todos”, describiendo las situaciones que, a su juicio, evidenciaban el vínculo entre el médico y la obtención de la sustancia por parte de su hijo.
En julio, el equipo legal del Plasencia había difundido un comunicado en el que aseguraba que su defendido no estaba tratando a Perry en el momento de la muerte y negaba que hubiera sido él quien le proporcionó la ketamina, aunque se mostraba arrepentido por las decisiones tomadas.
La fiscalía solicitó inicialmente una pena de tres años de privación de la libertad para el facultativo, aunque los cargos imputados podían acumular hasta un máximo de 40 años debido a la gravedad de los delitos vinculados con la distribución ilegal de estupefacientes.