Con el fin de continuar incorporando en el Registro Único de Víctimas y Familiares (RUV) a los afectados de la masacre de El Mozote y de sitios cercanos a ese caserío (Jocote Amarillo, Arambala y Cerro Pando), situados en el departamento de Morazán, los diputados de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitieron, por unanimidad, un dictamen favorable para reformar la normativa por la que fue creado.
Los parlamentarios están a favor de modificar la Ley Especial Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación y Nacimiento o Muerte de Víctimas de las Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños. Al ser incorporados al registro, los afectados pueden acceder a las indemnizaciones reconocidas por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El coordinador del RUV, Andrés Amador, señaló: “la seriedad y el compromiso es lo que nos ha hecho solicitar más tiempo para poder terminar lo que empezamos con éxito, es decir el registro”.
De acuerdo al representante de Gobernación, son tres puntos por los que se decidió solicitar esta extensión: El tema genealógico (origen y la historia familiar), debido a que se puede duplicar un mismo caso; la accesibilidad al lugar y la condición geológica, pues hasta hoy se puede ingresar con cierta facilidad al sitio en donde ocurrieron los hechos; y la idiosincrasia de los habitantes, es decir la manera en que visualizan las cosas.
La historia sobre la masacre
Luego de emitir el plan Operación Rescate, unidades del Batallón Atlácatl -una fracción militar de élite del ejército salvadoreño- llegaron al caserío El Mozote en búsqueda de miembros del grupo de guerrilleros, la tarde del 10 de diciembre de 1981. Los soldados les ordenaron a los pobladores de esa zona rural que salieran de sus casas y se formaran en filas en la plaza central. Ahí, fueron cuestionados sobre las actividades que desarrollaba la guerrilla y luego ordenaron que se encerraran en sus viviendas.
En la madrugada del día siguiente, obligaron a salir de sus casas a los pobladores y procedieron a interrogarlos mediante torturas y al terminar los ejecutaban.
Ese mismo 11 de diciembre, los soldados mataron a más de 20 personas en el cantón La Joya; el día 12, a unas 30 personas en el caserío La Ranchería; a los habitantes del caserío Los Toriles; y el día 13, a pobladores del caserío Jocote Amarillo y del cantón Cerro Pando