El presidente paraguayo, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves en medio de una tormenta política y financiera en el país por el colapso de un banco. La Cámara Baja rechazó su dimisión por la tarde y elevó el pedido de juicio al Senado, que se expedirá luego de una sesión a las 17.
A su vez, la Cámara de Diputados desestimó el pedido de juicio político contra el vicepresidente, Pedro Alliana. Con esta decisión, el oficialismo colorado afianzó su mayoría en la Cámara Baja y bloqueó los intentos de la oposición de avanzar contra Alliana, lo que despejó el camino para que el vicepresidente asuma la presidencia una vez que el Congreso acepte formalmente la renuncia de Santiago Peña.
Peña anunció que dejaba la presidencia tras la intervención el martes de una entidad financiera digital con la que mantuvo vínculos, que administraba 850 millones de dólares en fondos públicos y cuyo cierre dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas.
«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», dijo Peña en un mensaje grabado publicado en X. «Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay«, agregó.
Peña ofreció disculpas, pero evitó asumir la responsabilidad por la crisis bancaria. «Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí«.
Con esta decisión, la renuncia deberá ser remitida oficialmente al Congreso Nacional para su tratamiento por el plenario legislativo (previsto para las 17), abriendo el camino para la sucesión constitucional en la que el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, asumirá la jefatura de Estado. Este mandato culminará en 2028, cuando están previstas las próximas elecciones.
Los opositores sostienen que aceptar la renuncia de Peña le permitiría obtener fueros como senador vitalicio que, según advierten, podrían protegerlo de eventuales investigaciones judiciales por las presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank. Por eso, denunciaron un pacto de impunidad dentro del oficialismo y reclamaron que el juicio político avance hasta la destitución, para evitar que el mandatario acceda a esas prerrogativas.