Un total de 486 cabecillas de la estructura criminal MS-13 enfrentaron ayer una audiencia abierta en la que son procesados por su presunta participación en más de 47,000 delitos cometidos a nivel nacional entre 2012 y 2022, incluyendo su vinculación directa con la ola de violencia registrada en marzo de 2022, que dejó más de 60 víctimas y marcó un punto de quiebre en la respuesta del Estado salvadoreño.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados habrían ordenado y coordinado crímenes de alto impacto como homicidios, feminicidios, extorsión, narcotráfico, desapariciones y tráfico de armas, como parte de una estructura que operó de manera sistemática durante una década.
Las autoridades señalan que este proceso judicial representa el desmantelamiento de una de las organizaciones criminales más peligrosas del país, cuya operación no solo cobró la vida de miles de salvadoreños, sino que también afectó el desarrollo económico y social a través del control territorial y la intimidación.
Además de los delitos comunes, los acusados enfrentan cargos por rebelión, al haber intentado mantener un dominio territorial que, según la acusación fiscal, buscaba establecer un “Estado paralelo”, en abierta confrontación con la autoridad estatal y el orden constitucional.
Este avance judicial es resultado de la implementación de diversas herramientas legales, entre ellas el Régimen de Excepción, que ha permitido fortalecer la capacidad operativa y de investigación de las instituciones de seguridad.
Actualmente, 413 de los cabecillas ya se encuentran en prisión, mientras que otros 73 cuentan con órdenes de captura activas. La FGR aseguró que dispone de un sólido conjunto de pruebas que permitirán solicitar penas máximas contra los procesados.
Las autoridades sostienen que este proceso representa un paso firme hacia la justicia, en un caso que durante años generó temor, luto e incertidumbre en miles de familias salvadoreñas.