Gobierno determina negligencia de constructora tras afectaciones en residencial Marsella

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó que tras los hechos ocurridos en la residencial Marsella se ha determinado que existió negligencia por parte de la empresa constructora Salazar Romero, la cual deberá asumir en su totalidad los daños causados.

Las declaraciones fueron brindadas junto al ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, donde la funcionaria destacó que no se registraron pérdidas humanas, aunque sí se reportan graves daños materiales. “Gracias a Dios no hay pérdidas humanas, pero sí daños materiales importantes que serán recuperados. Las familias no están solas”, afirmó.

Como medidas inmediatas, la ministra anunció que quedan suspendidos los permisos de construcción y parcelación de la empresa Salazar Romero y sus empresas aliadas, mientras se desarrollan las investigaciones técnicas y legales correspondientes.

Asimismo, se prohibió que la empresa continúe realizando cobros a las familias en concepto de crédito inicial, luego de identificar prácticas que calificó como abusivas. Según explicó, la constructora presionaba a las familias para habitar viviendas que aún no estaban completamente terminadas y comenzar a pagar cuotas de entre 500 y 600 dólares mensuales, sin contar con un crédito formal aprobado.

Sol también señaló que se ha identificado que la empresa hacía firmar contratos a las familias sin que muchas de ellas tuvieran plena claridad sobre su contenido y alcance legal.

Mientras el proceso se mantiene en revisión, la ministra aseguró que no podrán desalojar a las familias que ya habitan las viviendas y que han realizado pagos, incluyendo aquellas que entregaron dinero en concepto de reserva. Además, indicó que todo monto cancelado deberá ser descontado del valor total pactado de la vivienda.

Finalmente, informó que los créditos del Fondo Social para la Vivienda (@FSVElSalvador) quedan suspendidos para esta empresa, hasta que se analicen todos los aspectos del caso y se garantice la seguridad y certeza jurídica de las familias compradoras.

La ministra reiteró que el Gobierno continuará acompañando a las familias afectadas y dará seguimiento al caso para garantizar el respeto de sus derechos.