El Ministerio de Trabajo confirmó este día que todos los empleados del Órgano Ejecutivo recibirán su aguinaldo, lo que marca un alivio para la masa laboral estatal que aguardaba esa compensación obligatoria. El ministro Rolando Castro enfatizó que, en el caso del sector privado, la entrega puede efectuarse entre hoy y el 20 de diciembre como fecha límite, y recalcó que el aguinaldo no puede sustituirse por otros beneficios en especie.
Este adelanto en los plazos de pago tiene un respaldo legal reciente: la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó recientemente una reforma que modifica la normativa sobre la compensación adicional en efectivo —generalmente conocida como aguinaldo—, estableciendo que los pagos pueden realizarse entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre de cada año. Con 58 votos a favor, la iniciativa amplió el plazo y también incluyó la exención del impuesto sobre la renta para aguinaldos de hasta USD 1,500.
Según lo informado por el Ministerio, la entrega hoy al personal del Ejecutivo se ajusta a esa nueva disposición, lo que permite que miles de trabajadores del sector público comiencen a disponer del recurso antes de las tradicionales fechas de diciembre. Para las empresas privadas, aunque mantienen la flexibilidad de pagar hasta el 20 de diciembre, sigue siendo mandato legal que el aguinaldo se entregue en una sola exhibición monetaria —no puede dividirse ni entregarse parcialmente como regalo o canasta navideña—, tal como lo estipula la normativa laboral vigente.
El anuncio llega en un momento clave para muchas familias que enfrentan gastos de fin de año y que vieron en el adelanto del aguinaldo una posibilidad de alivio financiero. En ese sentido, el ministro Castro invitó a los beneficiarios a verificar que el pago sea íntegro y en moneda de curso legal, así como a reportar al Ministerio cualquier incumplimiento de la norma.
Para el sector privado, el llamado es a cumplir de forma responsable: si optan por pagar entre hoy y el 20 de diciembre, deben respetar los montos que correspondan según antigüedad y salario, y evitar prácticas que terminen afectando al trabajador (como el prorrateo o entrega en especie). Con esta medida, el Gobierno pretende que el flujo de ingresos se adelante y dinamice la economía doméstica, al tiempo que se fortalece el cumplimiento de derechos laborales básicos.